Sus compañeros le dicen el Editor. Vestido color caqui, Fernando Valdés se mueve con soltura dentro del Reclusorio Norte. Muchos lo saludan y él responde afable. “Estar aquí es el único título que me faltaba”, comenta. Incluso promete que cuando salga pondrá en su oficina una fotografía con su traje de reo y el número que le asignaron. “Pocos hombres podemos tolerar una experiencia de este tipo”. Seguro. Acusado de especulación comercial, el director de la editorial Plaza y Valdés lleva siete meses en prisión. Los distintos pleitos con la familia Rincón, creadora de los libros de texto Cuadernos Gader, lo han mantenido ocupado durante los últimos años. El primer conflicto fue con Valentín Rincón: el juez dictó sentencia y Fernando Valdés tiene que pagar una deuda. Ya es cosa juzgada. El segundo es con Miguel Ángel Rincón —hijo de Valentín— y se encuentra en proceso. Sin embargo es el tercero el que lo tiene viviendo en una celda. Graciela Rincón —también hija de Valentín— lo acusó de especulación comercial por vender libros a destiempo. Ésta es la única demanda que se ha llevado al terreno penal. Y ha sido letal.
El origen
En 1995 Fernando Valdés firmaba acuerdos con los dueños de los Cuadernos Gader. Con Miguel Ángel Rincón acordó editar los cuadernos de kínder 1, 2 y preprimaria; con Valentín Rincón pactó publicar los de aritmética y geometría, en tanto que con Graciela Rincón el trato fue sacar a la venta el material de caligrafía. “En 2003 Valentín Rincón lo demandó por la vía civil, para la rescisión del contrato”, comenta Mireya Rincón, la abogada que lleva los casos. La razón: incumplimiento de contrato y falta de pago de regalías. Este juicio se resolvió en agosto de 2005. La condena para Valdés fue pago de regalías y rescisión del contrato. La deuda no ha quedado saldada. De manera paralela Graciela Rincón lo demandó pero por la vía penal. “No fue necesario acudir a la vía civil porque en 2003, por acuerdo de ambas partes, se dio por terminado el contrato, mismo donde se había firmado una adenda, es decir una modificación a la cláusula relativa a la forma de pago. Ahí se autorizaban dos ediciones más: de 2002 a 2003 y de 2003 a 2004 para la venta de las existencias de la obra. De este modo en junio de 2004 se terminó la relación contractual. No obstante Valdés siguió vendiendo los libros. Independientemente de que esos ejemplares se hubieran editado durante la vigencia del contrato, él ya no tenía derecho a venderlos, es por eso que se le demanda por la vía penal”, argumenta la abogada.
La cuestión no es sencilla. Un pleito en apariencia civil pasó al terreno penal. A Fernando Valdés se le aplicó el artículo 424 bis del Código Penal, que dice lo siguiente:
“Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días de multa:
I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos”.
La vida en prisión
El Reclusorio Norte es el más poblado de América Latina. Su director presume con orgullo que tiene cerca de nueve mil reclusos, cuando su capacidad real es para cuatro mil. Hay celdas donde habitan hasta ocho personas. Pero éste no es el caso de Fernando Valdés. Vive en el Dormitorio 2, que es una zona de privilegio. Tiene televisión, libros e inclusive puede cocinar. “Aquí vivo con 15 mil pesos mensuales”, asevera. Comparte cuarto con cuatro internos. “He convivido con secuestradores, en mi celda hay un sicario. He aprendido a vivir con ellos”.
Intercala sonrisas con miradas frías, según el tema. Mientras habla de la demanda se pone serio. “La adenda que firmamos dice que doy por cancelado el contrato, sí, pero el contrato me daba la autorización para vender los libros que tengo. Ya no puedo hacer más ediciones y no las produje. Ellos trataron de demostrar lo contrario pero no pudieron”.
—¿Vendió libros a destiempo?
—No. El Ministerio Público embarga 52 facturas. Ahí es donde encuentran el Cuaderno Gader de Caligrafía facturado para ellos después de que se venció el contrato. Esas facturas son de libros del año 2002 y de 1999. Tengo los derechos sobre esas facturas, pero de esas facturas también hay libros en consignación, de esos ni siquiera se dan cuenta. La procuraduría me embargó tres mil 157 libros que son de mi propiedad y eso lo sostengo. Ellos esperaban encontrar ediciones posteriores a 2004, pero no hay.
—El asunto es que después de 2004 no podía vender los libros…
—Sí los podía vender. La ley me da derecho a eso. Si ellos dicen lo contrario pues esperemos a que decida la ley. Si esos libros fueron hechos bajo contrato tengo derecho de terminarlos, al final tendré que pagarles algunos derechos pero ¿cuántos libros se vendieron de esos que ellos supuestamente dicen que no tenía derechos? Menos de 300 ejemplares en un año. ¿Por eso hice especulación comercial? Hay un ensañamiento. El Ministerio Público los ha aconsejado, se ha vuelto su asesor.
—¿Está dispuesto a pagar los derechos que debe?
—Sí, incluso estaría dispuesto a otra serie de negociaciones. Dejé de publicar los libros Gader por los problemas que había con ellos. Los hermanos Rincón están esperando una herencia de su padre. Me trataron de extorsionar con tres millones y medio al principio. Siempre me opuse, luego se bajaron a dos millones ochocientos y tampoco se los voy a dar, porque no va por ahí mi comportamiento. Una demanda que ni siquiera es civil la convierten en penal por una manipulación del artículo 424 bis, que debe ser aplicado para quien practica la piratería, para quien elabora productos sin contrato de por medio.
—¿Cuándo es pirata un libro?
—Cuando un libro se hace sin derechos y fuera del contrato.
La ley no hace distingos
Un conflicto autor-editor es como encontrar una aguja en un pajar. Casi no hay demandas de este tipo. Las razones son varias. Van desde el costo del abogado hasta el desinterés por el autor. “El contrato de la cesión de derechos no se ha entendido correctamente. El autor tiene dos tipos de derechos: el moral y el patrimonial. Los derechos morales son irrenunciables, los patrimoniales se pueden ceder. ¿Cuáles son? El derecho a publicar, a editar, a reproducir, a almacenar la obra. Estos derechos se pueden transmitir pero por un tiempo determinado. No es que se le dé la obra al editor y que éste pueda hacer lo que quiera”, comenta Mireya Rincón, especialista en este rubro. En contraparte a Fernando Valdés, para la abogada la piratería de libros no sólo incluye a quien hace un libro sin derechos y fuera de contrato sino también a quien los vende: “Hay una obra original que es la que crea el autor. Esa obra se reproduce y lo que la ley tutela es la venta de copias, independientemente de si son apócrifas o si son originales. La ley no hace distinción. La obra es el original, que en este caso entregó Graciela para su reproducción. Las copias son los ejemplares”.
El conflicto está en proceso. Por ahora se están desahogando las pruebas. Graciela Rincón está dispuesta a negociar, y sin manejar alguna cantidad afirma que sólo quiere lo que le corresponde. No obstante la situación ha cambiado. En su parcela de negociación incluye que Valdés pague la deuda relativa al pleito con su padre Valentín Rincón y también un acuerdo con Miguel Ángel Rincón.
Lo que queda
Fernando Valdés está en la cárcel. Confía en que saldrá, pero no sabe cuándo. Al ser cuestionado sobre la poca claridad en la relación editor-autor responde: “Es una realidad. No lo justifico, pero en México el riesgo de la empresa editorial es muy grande. Aquí el consumo de libros es bajo. De los años setenta a la fecha han cerrado más de mil editoriales. El mercado no nos ayuda. Las editoriales están quedando en manos de multinacionales y eso es grave. No es disculpa pero es que no hay mercado”. La respuesta no convence, pese a que Fernando Valdés reconoce que las editoriales no tienen el mejor de los comportamientos. Aún así sostiene: “¿Cómo me pueden acusar de especulación comercial con libros que produje con mi dinero y autorización de ellos? El juez va a determinar mi libertad, lo malo son estos tiempos legales. Si a mí me aplican el artículo 424 bis, se lo van a aplicar a cualquier otro editor. Todos los editores tenemos libros en nuestros almacenes que vendemos después de vencido el contrato, pero que siguen en el contrato. Las bodegas están llenas de libros. Ahí está el dicho: “Las editoriales mueren gordas”.
El artículo 424 bis es claro. La resolución estará sujeta a la interpretación del juez. Por lo pronto la disputa está en marcha, pero ha quedado en evidencia la nebulosa relación entre editor y autor. Graciela Rincón pide que se le pague. Fernando Valdés asegura que no violó ninguna ley, e incluso afirma que su encarcelamiento es parte de un complot por haber editado libros reveladores sobre temas espinosos como el Fobaproa. La teoría no tiene mucho sustento. Bajo este criterio ¿cuántos editores de libros, diarios y revistas estarían presos? Sin embargo ahí está la hipótesis a la espera de ser escuchada. Esto será la próxima semana. hectorgjordan@hotmail.com |
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